¿Es verdad todo aquello que establece el Estado? ¿Una sentencia judicial determina la verdad sobre un acontecimiento? ¿Debe la prensa aceptar como definitiva la versión de las instituciones públicas?
En una democracia, el Estado habla. Habla a través del presidente, los ministerios, la Policía, los organismos fiscalizadores y los tribunales. Sus informes, estadísticas, auditorías y sentencias adquieren carácter oficial.
El problema comienza cuando esa verdad oficial deja de ser una versión institucional susceptible de ser examinada y contrastada, y termina convirtiéndose en la única verdad aceptada.