¿Es necesariamente verdad todo aquello que establece el Estado? ¿Una sentencia judicial determina la totalidad de la verdad sobre un acontecimiento? ¿Debe la prensa aceptar como definitiva la versión ofrecida por las instituciones públicas? En una democracia, el Estado habla. Habla a través del presidente, los ministerios, la Policía, los organismos fiscalizadores y los tribunales. Sus informes, estadísticas, auditorías y sentencias adquieren carácter oficial.

El problema comienza cuando esa verdad oficial deja de ser una versión institucional susceptible de ser examinada y contrastada, y termina convirtiéndose en la única verdad socialmente aceptada. A eso podríamos llamarle la verdad del Estado. No significa necesariamente que sea falsa. Puede ser cierta, parcialmente cierta o jurídicamente válida. Pero también puede ser incompleta.